ROBERTO NAVIA
El miedo se siente y deja una estela de olor agrio en el aire. El miedo está en la mirada y en las palabras de algunos fiscales y abogados, de los pocos policías y de otros administradores de justicia que debido al tamaño del problema, hablan despacio aquí, como contando un misterio. El miedo también se huele en las calles, plazas y en la orilla de algún río, convertidas en patíbulos, donde supuestos delincuentes fueron atados de pies y manos, torturados y quemados en carne viva por vecinos ebrios por la furia, que no dudaron en rociar con gasolina, prender la mecha y convertir cuerpos humanos en bocanadas de fuego.
Estoy en el trópico de Cochabamba, en el corazón de Bolivia, donde en los últimos cinco años la Policía anotó 18 ejecuciones por manos de civiles contra otros civiles acusados de robar o de cometer delitos mayores y que son sentenciados a muerte por una multitud. Los dos últimos linchamientos ocurrieron recién nomás, el 25 de septiembre, y sobre estos, como en el resto de los casos, no existen culpables pagando por haber practicado la ‘justicia por mano propia’. El miedo está aquí porque una sentencia de muerte no escrita ronda en los pueblos que están a los costados de la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, en esos 120 kilómetros que hay desde Bulo Bulo hasta Villa Tunari, como también en aquellas comunidades que se encuentran en la panza caliente del trópico, donde viven por lo menos 300.000 personas. En este lugar, las administraciones de justicia y de seguridad del Estado cojean como un animal herido y fueron notoriamente rebasadas por grupos furiosos de civiles que imponen su ley: la ley de la muerte.
En esta historia hay varias versiones. La primera tiene origen en la gente de a pie y en algunos dirigentes como la del presidente del Comité Cívico de Ivirgarzama, Rociño Cavero, que coincide en que el trópico está progresando a 100 kilómetros por hora, pero como los avances no llegan solos, sino que son acompañados por una gama de delincuentes, la inseguridad ciudadana creció abismalmente.
Hay quienes creen que la estructura estatal para combatirlos se quedó rezagada y que los juicios ordinarios caminan a paso de anciano; por eso, aseguran que los habitantes le perdieron la fe en al sistema judicial y acuden a la justicia por su cuenta, matando a quienes sean encontrados con las manos en la masa.
El presidente cívico se declara en contra de las ejecuciones, pero lamenta que no está en sus manos ponerles un freno total, se atreve a afirmar que los linchamientos bajaron un 50% el nivel de la delincuencia, ya que tras las últimas muertes, los ladrones han cesado en su actividad por miedo a correr la misma desgracia. “Pero después de dos meses suelen regresar y los vecinos vuelven a enfurecerse”, dice Cavero, que pone un ejemplo de cómo se origina y se arma un linchamiento: “Los que sufren atracos por lo general son los del sector transporte. Cuando un ladrón es agarrado, los taxistas se pasan la voz en minutos, tocan bocina, se llaman por teléfono o hacen detonar petardos y así lo acorralan para que el pillo no escape”.
Los administradores de justicia y los operadores de la seguridad ciudadana que trabajan en esta región se quejan entre dientes porque sienten que hablar puede ser peor que caminar sobre brasa caliente.
Estoy en el trópico de Cochabamba, en el corazón de Bolivia, donde en los últimos cinco años la Policía anotó 18 ejecuciones por manos de civiles contra otros civiles acusados de robar o de cometer delitos mayores y que son sentenciados a muerte por una multitud. Los dos últimos linchamientos ocurrieron recién nomás, el 25 de septiembre, y sobre estos, como en el resto de los casos, no existen culpables pagando por haber practicado la ‘justicia por mano propia’. El miedo está aquí porque una sentencia de muerte no escrita ronda en los pueblos que están a los costados de la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba, en esos 120 kilómetros que hay desde Bulo Bulo hasta Villa Tunari, como también en aquellas comunidades que se encuentran en la panza caliente del trópico, donde viven por lo menos 300.000 personas. En este lugar, las administraciones de justicia y de seguridad del Estado cojean como un animal herido y fueron notoriamente rebasadas por grupos furiosos de civiles que imponen su ley: la ley de la muerte.
En esta historia hay varias versiones. La primera tiene origen en la gente de a pie y en algunos dirigentes como la del presidente del Comité Cívico de Ivirgarzama, Rociño Cavero, que coincide en que el trópico está progresando a 100 kilómetros por hora, pero como los avances no llegan solos, sino que son acompañados por una gama de delincuentes, la inseguridad ciudadana creció abismalmente.
Hay quienes creen que la estructura estatal para combatirlos se quedó rezagada y que los juicios ordinarios caminan a paso de anciano; por eso, aseguran que los habitantes le perdieron la fe en al sistema judicial y acuden a la justicia por su cuenta, matando a quienes sean encontrados con las manos en la masa.
El presidente cívico se declara en contra de las ejecuciones, pero lamenta que no está en sus manos ponerles un freno total, se atreve a afirmar que los linchamientos bajaron un 50% el nivel de la delincuencia, ya que tras las últimas muertes, los ladrones han cesado en su actividad por miedo a correr la misma desgracia. “Pero después de dos meses suelen regresar y los vecinos vuelven a enfurecerse”, dice Cavero, que pone un ejemplo de cómo se origina y se arma un linchamiento: “Los que sufren atracos por lo general son los del sector transporte. Cuando un ladrón es agarrado, los taxistas se pasan la voz en minutos, tocan bocina, se llaman por teléfono o hacen detonar petardos y así lo acorralan para que el pillo no escape”.
Los administradores de justicia y los operadores de la seguridad ciudadana que trabajan en esta región se quejan entre dientes porque sienten que hablar puede ser peor que caminar sobre brasa caliente.
Pocos policías y fiscales
Una fuente del Ministerio Público reveló que de los aproximadamente 120 policías acantonados en el trópico, solo 10 efectivos son de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen y que el resto está en la Unidad Operativa de Tránsito o cuidando las entidades financieras. A este puñado de autoridades se suman apenas cinco jueces y cuatro fiscales, un número que no es suficiente para descongestionar las demandas judiciales. Por citar un ejemplo, solo en la Fiscalía de Ivirgarzama hay 1.500 casos que duermen desde el 2004. Pero el Ministerio Público ya instruyó la conformación de comisiones para que se dé curso a las demandas acumuladas.
Uno de los pocos fiscales que hay en la zona es el que trabaja en Ivirgarzama. Marco Vidal es hombre que sin pretensiones de héroe, la pasada semana impidió que en Valle Sajta los vecinos linchen a tres jóvenes acusados de robar coca. Llegó a tiempo antes de un desenlace fatal gracias a que contaba con una camioneta que le envió la Fiscalía de Cochabamba. Semanas antes, el vehículo se había arruinado y para pagar los gastos del taller él sacó Bs 4.000 de su bolsillo, porque tenía el presentimiento de que ese motorizado sería vital en cualquier momento.
En un anterior intento de linchamiento, Vidal acudió en una motocicleta que se había incautado a un delincuente, pero cuando llegó al lugar, la multitud no le creyó que era fiscal porque iba en un vehículo sin placa, lo acusó de ser un atracador de mototaxistas y casi termina quemado.
Los policías y fiscales, a pesar del riesgo y de la falta de medios, aprendieron los trucos para salvar a esos hombres o mujeres cuyas vidas penden de un hilo, pero también para salvar sus propias vidas.
Un policía de Eterazama coincide con otro de Ivirgarzama: cuando la turba ya está descontrolada, es mejor sacarse el uniforme y vestirse con ropa de civil, caminar por el lugar de los hechos como si uno fuera uno de ellos para ver a los cabecillas y después tratar de identificarlos.
Sacar el teléfono móvil para tomar fotos o para filmar, puede ser peor que colocarse una pistola en la nuca. “Ay del pendejo que se atreva a hacerlo”, dice un policía de Entre Ríos, a 30 km de Ivirgarzama, que ya vio dos ejecuciones en pueblos ocultos del trópico.
El sargento Carlos Muñoz es uno de los pocos que se atreve a cantar algunas victorias. Él es uno de los cuatro policías de la Felcc que el martes pasado estaba de turno en Villa Tunari. Cuenta que, a pesar de las limitaciones logísticas, desde 2012 ha conseguido evitar que se consumaran 50 linchamientos, utilizando técnicas de persuasión y prometiendo que la justicia sentará la mano a los delincuentes.
Una fuente del Ministerio Público reveló que de los aproximadamente 120 policías acantonados en el trópico, solo 10 efectivos son de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen y que el resto está en la Unidad Operativa de Tránsito o cuidando las entidades financieras. A este puñado de autoridades se suman apenas cinco jueces y cuatro fiscales, un número que no es suficiente para descongestionar las demandas judiciales. Por citar un ejemplo, solo en la Fiscalía de Ivirgarzama hay 1.500 casos que duermen desde el 2004. Pero el Ministerio Público ya instruyó la conformación de comisiones para que se dé curso a las demandas acumuladas.
Uno de los pocos fiscales que hay en la zona es el que trabaja en Ivirgarzama. Marco Vidal es hombre que sin pretensiones de héroe, la pasada semana impidió que en Valle Sajta los vecinos linchen a tres jóvenes acusados de robar coca. Llegó a tiempo antes de un desenlace fatal gracias a que contaba con una camioneta que le envió la Fiscalía de Cochabamba. Semanas antes, el vehículo se había arruinado y para pagar los gastos del taller él sacó Bs 4.000 de su bolsillo, porque tenía el presentimiento de que ese motorizado sería vital en cualquier momento.
En un anterior intento de linchamiento, Vidal acudió en una motocicleta que se había incautado a un delincuente, pero cuando llegó al lugar, la multitud no le creyó que era fiscal porque iba en un vehículo sin placa, lo acusó de ser un atracador de mototaxistas y casi termina quemado.
Los policías y fiscales, a pesar del riesgo y de la falta de medios, aprendieron los trucos para salvar a esos hombres o mujeres cuyas vidas penden de un hilo, pero también para salvar sus propias vidas.
Un policía de Eterazama coincide con otro de Ivirgarzama: cuando la turba ya está descontrolada, es mejor sacarse el uniforme y vestirse con ropa de civil, caminar por el lugar de los hechos como si uno fuera uno de ellos para ver a los cabecillas y después tratar de identificarlos.
Sacar el teléfono móvil para tomar fotos o para filmar, puede ser peor que colocarse una pistola en la nuca. “Ay del pendejo que se atreva a hacerlo”, dice un policía de Entre Ríos, a 30 km de Ivirgarzama, que ya vio dos ejecuciones en pueblos ocultos del trópico.
El sargento Carlos Muñoz es uno de los pocos que se atreve a cantar algunas victorias. Él es uno de los cuatro policías de la Felcc que el martes pasado estaba de turno en Villa Tunari. Cuenta que, a pesar de las limitaciones logísticas, desde 2012 ha conseguido evitar que se consumaran 50 linchamientos, utilizando técnicas de persuasión y prometiendo que la justicia sentará la mano a los delincuentes.
Con permiso para entrar
“Penetrar en los pueblos de Chapare puede generar susceptibilidades entre los pobladores”, indica Juvenal Peredo, el oficial mayor de la Alcaldía de Villa Tunari, que recomienda siempre llevar a mano el carné de identidad porque la gente, cuando ve a alguien que es ajeno, se pone susceptible y puede pensar que el recién llegado es un delincuente. “Los sindicatos son bien organizados para velar por su seguridad. Están pendientes de la gente nueva que los visita porque puede pensar que son rateros”, dice esta autoridad.
Sobre estas recomendaciones está enterado un fiscal que pide el anonimato y que cuenta que para ingresar en una comunidad primero tiene que pedir permiso a las autoridades de las organizaciones sociales para que no malinterpreten su presencia.
El defensor del pueblo en el trópico de Cochabamba, Boris Luis Selma, que tiene su oficina en Villa Tunari, confirma que existe una débil presencia estatal y que para luchar contra este problema es que los administradores de la justicia ordinaria han firmado un acuerdo con los de la justicia comunitaria para que se respeten los derechos humanos.
Eleuterio Inclan Espinoza, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical, y que vive en Valle Sajta, de donde el fiscal Vidal logró evitar un triple ejecución, asegura que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, que esas decisiones no se las toma en ningún ampliado y que obedecen a acciones incontrolables, hormonales y a rabia reprimida porque los ladrones no son sancionados por el aparato judicial.
Para Percy Ronald Cámara, juez de sentencia acantonado en Ivirgarzama, es intolerante enterarse de un linchamiento porque la justicia que atenta contra la vida no es justicia. Sin embargo, manifiesta que desconoce por qué ocurren las matanzas.
Ivón Ágreda es la nueva fiscal que ha llegado a Villa Tunari y entre los archivadores que están en su oficina, hay uno en cuya carátula la anterior autoridad le dejó escrito: “Ojo, caso de linchamiento”.
Pero de la ejecución que ahora se habla en el trópico, es sobre la última que ocurrió en septiembre. El informe del policía Willy Castillo revela que un día después, el 26, volvió al lugar de las muertes, a orillas del río Ichoa. Observó manchas negras y cenizas, un bidón amarillo con olor a gasolina, restos de prendas de vestir y alambres de púas
“Penetrar en los pueblos de Chapare puede generar susceptibilidades entre los pobladores”, indica Juvenal Peredo, el oficial mayor de la Alcaldía de Villa Tunari, que recomienda siempre llevar a mano el carné de identidad porque la gente, cuando ve a alguien que es ajeno, se pone susceptible y puede pensar que el recién llegado es un delincuente. “Los sindicatos son bien organizados para velar por su seguridad. Están pendientes de la gente nueva que los visita porque puede pensar que son rateros”, dice esta autoridad.
Sobre estas recomendaciones está enterado un fiscal que pide el anonimato y que cuenta que para ingresar en una comunidad primero tiene que pedir permiso a las autoridades de las organizaciones sociales para que no malinterpreten su presencia.
El defensor del pueblo en el trópico de Cochabamba, Boris Luis Selma, que tiene su oficina en Villa Tunari, confirma que existe una débil presencia estatal y que para luchar contra este problema es que los administradores de la justicia ordinaria han firmado un acuerdo con los de la justicia comunitaria para que se respeten los derechos humanos.
Eleuterio Inclan Espinoza, ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical, y que vive en Valle Sajta, de donde el fiscal Vidal logró evitar un triple ejecución, asegura que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, que esas decisiones no se las toma en ningún ampliado y que obedecen a acciones incontrolables, hormonales y a rabia reprimida porque los ladrones no son sancionados por el aparato judicial.
Para Percy Ronald Cámara, juez de sentencia acantonado en Ivirgarzama, es intolerante enterarse de un linchamiento porque la justicia que atenta contra la vida no es justicia. Sin embargo, manifiesta que desconoce por qué ocurren las matanzas.
Ivón Ágreda es la nueva fiscal que ha llegado a Villa Tunari y entre los archivadores que están en su oficina, hay uno en cuya carátula la anterior autoridad le dejó escrito: “Ojo, caso de linchamiento”.
Pero de la ejecución que ahora se habla en el trópico, es sobre la última que ocurrió en septiembre. El informe del policía Willy Castillo revela que un día después, el 26, volvió al lugar de las muertes, a orillas del río Ichoa. Observó manchas negras y cenizas, un bidón amarillo con olor a gasolina, restos de prendas de vestir y alambres de púas
EL INFORME POLICIAL SOBRE LOS EJECUTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE
La mala noticiaA las 17:15 del miércoles 25, policías de Entre Ríos informaron a los de Ivirgarzama de que dos personas habían sido linchadas, amarradas y quemadas en un poste, a la altura del río Ichoa, a cinco kilómetros de la carretera
El hallazgoA las 18:15, personal de Homicidios y el médico forense nos constituimos en la zona. Encontramos a más de 10 personas que observaban dos cuerpos totalmente calcinados, maniatados con alambre de púas.
Los golpes
Según el examen físico externo del médico forense, uno de ellos habría fallecido por traumatismo encefalocraneano, donde se evidencian múltiples facturas en la cabeza y el cuerpo quemado.
Según el examen físico externo del médico forense, uno de ellos habría fallecido por traumatismo encefalocraneano, donde se evidencian múltiples facturas en la cabeza y el cuerpo quemado.
Fuego
El segundo habría fallecido por quemaduras de cuarto grado y paro cardiorespiratorio, a consecuencia de la sofocación del fuego. Se lo encontró sin las extremidades inferiores consumidas por el fuego. No se encontró identificación personal de ambos.
El segundo habría fallecido por quemaduras de cuarto grado y paro cardiorespiratorio, a consecuencia de la sofocación del fuego. Se lo encontró sin las extremidades inferiores consumidas por el fuego. No se encontró identificación personal de ambos.
ANÁLISIS
Hay excesiva protecciónVíctor Hugo Cárdenas | EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIALos linchamientos en Chapare ocurren por dos cosas. Por un aspecto cultural, que es el hecho de que las organizaciones sociales son enormemente verticalistas y autoritarias. La cultura autoritaria es esencial en ese lugar. Difícilmente va a respetar la vida y el derecho ajeno.
Por otra parte está la causa política. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una actitud permisiva del Estado, que permite esos abusos y que no se investiguen.
No se puede decir que Chapare sea un Estado dentro de un Estado, porque es un grupo social de represión, excesivamente protegido.
El Gobierno y el presidente son parte de este conflicto, del problema, no de la solución, porque si de verdad se quisiera respetar la ley, en Chapare, para empezar, no se debería cultivar coca.
Por otra parte está la causa política. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una actitud permisiva del Estado, que permite esos abusos y que no se investiguen.
No se puede decir que Chapare sea un Estado dentro de un Estado, porque es un grupo social de represión, excesivamente protegido.
El Gobierno y el presidente son parte de este conflicto, del problema, no de la solución, porque si de verdad se quisiera respetar la ley, en Chapare, para empezar, no se debería cultivar coca.
Para el Gobierno es un crimen de crueldad extremaEL DEBER buscó una versión del Ministerio de Gobierno para que se refiera a los linchamientos en el trópico y sobre las versiones de que la ‘ley de la muerte’ gobierna por encima del Estado.
A través del Departamento de Comunicación de dicha repartición estatal, el ministro Carlos Romero se excusó señalando que el viernes estaba ocupado, pero que sí iba a hablar el viceministro Jorge Pérez. “Estamos trabajando en el tema de los linchamientos de Chapare”, dijo Pérez por teléfono y se comprometió a dar detalles posteriormente. Pero hasta el cierre de este reportaje, continuaba ocupado en una reunión.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una carta enviada a EL DEBER el 28 de septiembre, calificó las dos ejecuciones ocurridas en Entre Ríos como un crimen cruel y extremo. “El Gobierno censura enfáticamente los linchamientos ocurridos recientemente en Entre Ríos, porque, además de ser un crimen de crueldad extrema, representan una falla institucional del Estado con causas profundas y diversas.
A través del Departamento de Comunicación de dicha repartición estatal, el ministro Carlos Romero se excusó señalando que el viernes estaba ocupado, pero que sí iba a hablar el viceministro Jorge Pérez. “Estamos trabajando en el tema de los linchamientos de Chapare”, dijo Pérez por teléfono y se comprometió a dar detalles posteriormente. Pero hasta el cierre de este reportaje, continuaba ocupado en una reunión.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una carta enviada a EL DEBER el 28 de septiembre, calificó las dos ejecuciones ocurridas en Entre Ríos como un crimen cruel y extremo. “El Gobierno censura enfáticamente los linchamientos ocurridos recientemente en Entre Ríos, porque, además de ser un crimen de crueldad extrema, representan una falla institucional del Estado con causas profundas y diversas.
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De Séptimo Día (El Deber/Santa Cruz de la Sierra), 06/10/2013
Foto: Los policías de Entre Ríos quieren que se sepa que viven en la extrema pobreza
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