Johnny Pérez vive en esa casa de ladrillo que construyó en pleno monte, en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Guarayos, la que, en teoría, es tierra sagrada de los indígenas, aunque en realidad está perforada por asentamientos de gente extraña, de campesinos que llegan a cambiar el uso de suelo y que incluso tienen la venia de dirigentes originarios.
La propiedad de Johnny Pérez es una de las pruebas de que en esta zona de Santa Cruz, la tierra y el bosque son un asunto comercial. Y él lo corrobora al confesar que se siente estafado porque en 2009 fueron los propios indígenas quienes le ofrecieron 500 hectáreas de tierra por $us 5.000. Toda una ganga que él no dejó pasar. Pagó, pero cuando llegó al lugar que supuestamente era suyo, se topó con sobreposicionamientos, con que ese suelo ya tenía dueño y, a duras penas, pudo ocupar las 160 hectáreas que ahora utiliza para ganadería y agricultura.
Pérez nació en Cochabamba hace 38 años, es ingeniero agrónomo y presidente del Sindicato San Francisco de Asís, que se formó en la TCO Guarayos, compuesta por 85 familias del interior del país dedicadas a la agricultura o ganadería en plena tierra comunitaria de origen.
Pérez se queja de que vive en vilo porque varias veces lo han amenazado con ser desalojado, pero él dice que la tierra es de quien la trabaja y que entró por la puerta grande, porque fueron los mismos guarayos quienes se la abrieron a través de la venta.
La TCO Guarayos tiene 1,4 millones de hectáreas que fueron tituladas por polígonos desde el año 2000 hasta el 2012, de las cuales cerca de un millón se encuentran bajo manejo forestal. Dentro de este amplio territorio, también hay empresarios madereros, que se encontraban desde antes de la titulación y a los que se les asignó el derecho para explotar el bosque mediante una concesión forestal.
“En el caso de Guarayos, existe una división interna que deriva en venta de sus tierras, en el pasado y en el presente”, denuncia Clíver Rocha, director de la Administradora de Bosques y Tierra (ABT), que denunció que existe venta, avasallamiento y descomposición del territorio “Por supuesto que no están permitidos los asentamientos en la TCO”, asegura Rocha, y explica que el derecho al territorio es de quien ha tenido una relación ancestral, que en este caso es el pueblo guarayo.
Pero en Guarayos está pasando lo contrario e incluso existe la denuncia de que la dirigencia que debería velar por los intereses de la comunidad se encuentra dividida en dos instituciones paralelas.
La versión de los indígenas
Jhonny Rojas, un líder indígena que dice que es el presidente legal de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirma que el año pasado se registraron más de diez tomas, que existen por lo menos 2.000 campesinos asentados en una extensión de 24.000 hectáreas y que muchas de ellas fueron avaladas por una Copnag paralela a la suya, cuyo presidente es Eladio Uraesa.
Explica que el negocio consiste en que a varias propiedades privadas, se les está recortando la superficie de sus predios demandados por no cumplir con la función económica y social, y que esa tierra después de pasar a manos indígenas, está siendo entregada a campesinos, quienes además no llegan para realizar una explotación bajo manejo forestal, sino que les urge tumbar cada árbol que encuentran a su paso, porque los recién llegados buscan dedicarse a las actividades de agricultura y de ganadería.
Lo que se observó
EL DEBER hizo un recorrido por la TCO Guarayos y comprobó la existencia de asentamientos de campesinos llegados del interior del país, en áreas en las que el bosque ya es historia, con evidentes muestras de chaqueo.
Algunos ocupantes dijeron que son caseros, que el dueño del predio está en Santa Cruz. Otros, como Johnny Pérez, afirman que compraron el derecho de posesión, que invirtieron dinero para hacer trabajar la tierra y que tienen fundamentos para no ser desalojado.
El nuevo paisaje que se construyó en estos asentamientos rompe con el tradicional esquema del hábitat de los indígenas. Desde varios cientos de metros de distancia se ven casas de ladrillo y quienes las habitan dicen que forman parte de un sindicato.
El dirigente indígena Rojas cuenta que en la cultura guaraya no existen los sindicatos y lamenta que el bosque, que es parte del territorio, de la casa donde moran los guarayos, para los invasores se convierte en simples troncas a las que hay que tumbar, porque perjudican a quienes quieren producir la tierra.
Y lo peor, dice Johnny Rojas, es que son algunos dirigentes guarayos los que, mediante la entrega de un documento hacen legítimos estos asentamientos.
Indígenas avalan asentamientos
Rojas dispara en contra de Uraesa y ahí se produce un fuego cruzado. Dice que él es el que entrega resoluciones a nombre de la Copnag, mediante las cuales se reconocen los asentamientos.
Uraesa tiene su versión. Primero, dice que él es el presidente oficial de la Copnag, porque fue elegido por las bases y centrales el 11 de julio de 2011. Después, también tiene la versión de que los propios hermanos practicaron el tráfico de tierras y eso se sigue haciendo. En 2013, las 90.000 hectáreas de una concesión forestal, ha pasado a manos de los indígenas. “Quiero denunciar que hay gente que se está entrando a esas tierras. Hay avasallamiento de colonos, vamos a pedir la intervención de la fuerza pública”, advirtió.
Respecto a las resoluciones de reconocimiento (que son autorizaciones que avalan los asentamientos), dijo que el año pasado la institución que dirige entregó 18 y, en su descargo, dice que se otorgó a los campesinos que se habían casado con una mujer o un hombre indígena y que estaban viviendo juntos por lo menos durante ocho años.
Por ese documento, dijo que se cobra entre Bs 3.000 y Bs 3.500 y que ese dinero no es por sacarles plata, sino como un aporte para que los dirigentes lleguen a la comunidad y para pagar la luz de la institución.
Uraesa cuenta que cuando se topa con gente nueva que llega hasta la TCO, le dice que ya no hay tierra para repartir, que todo forma parte de un plan de manejo forestal. “Ellos hacen grave desmonte”, enfatiza y señala que la división de los indígenas es por tráfico de tierras y por planes de manejo forestal fantasmas.
El director de la ABT, aclara que la emisión de resoluciones no es legal y que al darlas se comete una falta grave.
¿Qué se puede hacer? Para Rocha es un asunto complejo. “Si decimos que hay que evaluar la situación, dirán que estamos interviniendo. Hay que pedir que el mismo pueblo reconduzca la consolidación de sus demandas. Los indígenas corren el riesgo de ser desalojados porque están siendo expulsados de su hábitat”, advirtió.
Esa preocupación es ya una realidad. Donde antes había árboles ahora hay un suelo para que pasten las vacas, y donde antes existían indígenas, ahora hay campesinos trabajando la tierra.
Johnny Rojas tiene otra denuncia. Dice que la burocracia de la ABT impidió, el año pasado, que los indígenas saquen las troncas, antes de que las lluvias aneguen el camino, y que ahora esos árboles muertos no sirven para nada porque con la humedad se han podrido.
EL DEBER llegó hasta esos cementerios de bosque y evidenció que decenas de troncas de ochoó, de cerebó, de hoja de yuca y otras especies que se utilizan como madera de construcción, están tiradas entre los barbechos, pudriéndose y sin la posibilidad de ser monetizadas.
Rocha, desde su oficina de la ABT en Santa Cruz, justifica la burocracia indicando que había que revisar cada solicitud, porque el 99% estos requerimientos forestales eran ilegales y había un escandaloso aprovechamiento ilegal. “Este año ya no hubo burocracia porque hemos trabajado contra ello”, dijo, pero coincide con Rojas y con Uraesa en que los asentamientos en la TCO Guarayos continúan.
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De Séptimo Día (El Deber/Santa Cruz de la Sierra), 12/01/2014
Fotografía: El dirigente indígena Johnny Rojas, al fondo, muestra los troncos que no pudieron salir al mercado (Rodrigo Urzagasti).
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