Mariel salió de
casa en el barrio de San Pedro de la ciudad de La Paz, Bolivia, para
inscribirse al curso de postgrado universitario sin saber que pasaría un año y
un mes para volver a dormir en su cama. Esa mañana fue retenida con 10
cigarrillos de marihuana (35 gramos) en su cartera. Policías vestidos de civil
la siguieron después de que la joven les compartiera dos porros a unos amigos
con quienes se encontró en la calle.
Los policías la
llevaron a celdas de El Alto después de dar vueltas en su patrulla durante dos
horas por diferentes zonas de la ciudad; luego la trasladaron a celdas
judiciales donde pasó su primera noche. Fue juzgada al día siguiente por
incumplimiento al artículo 48, relativo al suministro de narcóticos, de la Ley
del Régimen de la Coca y Sustancias controladas de Bolivia, más conocida como
“Ley 1008”.
A cinco horas de
la detención, el abogado contactado por Simón, pareja de Mariel y único
nexo con el exterior, le informó la situación: para poder salir rápido en
libertad primaba el acceso a recursos económicos para “agilizar” (eufemismo
típico para la micro-corrupción en Bolivia) los procesos correspondientes.
“Ha sido difícil
porque no teníamos mucha plata. Tenía que estar todos los días ahí,
insistiendo, preguntando para que por lo menos en el juzgado vean interés. En
ese proceso ya haces conocidos y se mueve (el trámite). Me parece que sin plata
y sin perseverancia el caso hubiera tardado mucho más”, dice Simón.
Para poder ser
juzgada en libertad, Mariel debía presentar en el transcurso de 48 horas tres
documentos legalizados de residencia, trabajo y estudio. Imposible si no se
“agilizaba” su solicitud.
El juez dictaminó
reclusión preventiva contra Mariel por “peligro de fuga” y la envió al penal de
mujeres de Obrajes en La Paz hasta que “los peritos” del Instituto de
Investigaciones Forenses (IDIF) presentaran pruebas de que en efecto era
consumidora.
El “peritaje” fue
realizado después de cuatro meses de detención. A Mariel le extrajeron pruebas
de sangre, orina y cabello. La mujer pasó Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños
tras las rejas. Para probar judicialmente que solo era consumidora y no
traficante, tuvo que pagar altas sumas de dinero que la llevaron a endeudarse.
Ya excarcelada, Mariel dice que no ha vuelto a fumar marihuana y que vive en
constante estado de paranoia: evita cruzarse con cualquier policía que
encuentra en las calles.
“No quiero
decepcionar a mi familia que tuvo que hacer muchos sacrificios por mí,
realizaron hasta una kermesse para conseguir el dinero para todo el proceso
penal. No tengo ni encendedor en mi cartera”, dice Mariel, que esperó nueve
meses más debido a la retardación de justicia en Bolivia.
Como muchos
detenidos por la Ley 1008, Mariel nunca realizó una denuncia ante los juzgados
de corrupción ni ante el Ministerio de Transparencia, organismos encargados de
dar seguimiento a los casos de extorsión en el sistema penal.
“No quiero hablar
sobre la corrupción de la policía, ni de los juzgados, pero por ejemplo la
mañana antes de mi primera audiencia judicial, la policía de civil que estaba
en mi detención me dijo que si afirmaba –cuando el juez pregunte- que no habían
vulnerado mis derechos –cosa que hicieron constantemente en mi detención- ella
no presentaría mi celular como prueba en el juicio ya que en él había memes de
marihuana en el álbum de fotos”.
Cuando finalmente
se las programaban, las audiencias de Mariel nunca se concretaban: eran
suspendidas porque el fiscal llegaba tarde, porque el juez no había sido
notificado, porque había una marcha en las inmediaciones del juzgado, porque
llegaron las vacaciones judiciales o porque era feriado de carnaval.
“Aquí no hay
justicia. Estuve día tras día viendo el caso. Si no, se olvidan. El trato es
una mierda, siempre hay excusas. Tu caso no avanza nunca a no ser que metas
plata”, dice Simón, que admite haber realizado algunos aportes “simbólicos”
para que empiece a moverse el proceso. “Hasta les llevaba salteñas y refrescos
(al juzgado), ahí ya me querían, y finalmente veíamos avance. Con la Policía,
(sucedía) lo mismo”.
La 1008, los
consumidores y el microtráfico
Según la
Dirección de Régimen Penitenciario en Bolivia un 68% del total de la población
privada de libertad no tiene sentencia. La problemática de retardación de
justicia y corrupción en Bolivia es tan grave que llevó en 2015 a la creación
de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia y Corrupción.
Desde Oruro, una de las ciudades del llamado eje troncal boliviano, han sumado 5000 miembros, que se encargan de asesorar y ejercer control social sobre denuncias en contra de jueces, fiscales e incluso autoridades policiales que estarían cometiendo delitos contra la ciudadanía.
La apelación de
Mariel fue aceptada y recibió una sentencia de tres meses en un centro de
rehabilitación. Allí fue diagnosticada con una severa depresión, pero ningún
problema de consumo de drogas.
Según los
informes de entidades que trabajan en políticas públicas y problemas
relacionados a sustancias controladas y poblaciones vulnerables en Bolivia, una
de las peores situaciones que vive un usuario recreativo de marihuana es el
duro trauma psicológico del proceso y la criminalización de los jóvenes.
A 30 años de su
creación, la ley 1008 no especifica un gramaje mínimo, ni distinción entre
estupefacientes. Además, debido a la ambigüedad de la redacción de sus
artículos – “la cantidad mínima para consumo personal inmediato será
determinada previo dictamen de dos especialistas”- se registran penas
desproporcionales, yendo de tres a doce años de cárcel.
La
desproporcionalidad de las penas fue cuestionada en 2016 por diversos
organismos. Entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), que a través de su portavoz Antonino di Leo recomendó a Bolivia
penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento para mujeres que
comenten delitos menores de drogas, alegando que es una ley “draconiana y
punitiva” que se ensaña con los eslabones más pobres de la cadena del
narcotráfico, incrementa la pobreza, atenta contra los derechos humanos y
vulnera a la población frente al delito.
Bolivia tiene
datos alarmantes de desproporcionalidad de penas por microtráfico. Según el
último informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país
existen tres veces más reclusas mujeres por delitos vinculados a narcóticos que
el promedio global: esto quiere decir que un 39% de las mujeres privadas de
libertad son mujeres que incurrieron en actos relacionados con la Ley 1008. De
un total de 1.157 mujeres privadas de libertad, 448 están recluidas por delitos
relacionados al narcotráfico.
Las campañas de
prevención en el país se limitan al slogan “Di no a las drogas”. Por ejemplo,
la campaña del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas, bajo el
lema “Hagamos bien las cosas”, promueve el fortalecimiento de lazos familiares
y valores en la juventud, pero no brinda información sobre problemáticas de
consumo de drogas.
La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) presentaron resoluciones, firmadas por Bolivia, donde debaten el cambio de políticas de drogas desde una perspectiva de salud y no securitista.
En cuanto a la
región, Uruguay y México, están a la cabeza de las iniciativas recreativas.
Colombia y Chile son punta de lanza en iniciativas medicinales y científicas.
En diciembre de
2016 el Ministerio de Gobierno, a través de su máxima autoridad, el ministro
Carlos Romero, presentó ante una comisión de la Asamblea Legislativa su
Anteproyecto para la modificación de la Ley 1008.
“El tema del
gramaje lo dejamos a la definición de una norma técnica que seguramente responderá
a parámetros técnico-científicos”, apuntó Romero, añadiendo que la nueva ley
busca hacer una diferenciación entre los eslabones más débiles de la cadena de
la droga y el gran narcotráfico.
En la misma
semana de la presentación de este ante proyecto de Ley, el Ministerio Público
informó sobre la sentencia de 12 años de cárcel para María R. por llevar 13
gramos de cocaína en sus bolsillos y ocho años para José A.B, con 21
gramos de marihuana.
*Esta nota fue
escrita en el marco de la Beca Cosecha Roja. Fue publicada también en Páginasiete. Las fotos son gentiliza de Juan Gabriel
Estellano.
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De COSECHA ROJA,
13/02/2017
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